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Domiciliación de Sociedades y el servicio de Oficina Virtual

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Domiciliación de Sociedades y Oficina Virtual

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Grupo Gimeno

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¿Qué implica el traslado de la sede social de una empresa?

En realidad, el cambio del domicilio social de una sociedad de un territorio a otro es algo más simbólico que efectivo. No implica obligatoriamente el traslado de sus centros operativos o de producción, con lo que, si esos centros no se mueven, no tiene por qué afectar al grueso de su plantilla ni a la relación con sus clientes.

Afecta a parte del pago de impuestos

El lugar donde radica una sociedad determina las normativas que se le aplicarán, por ejemplo, en cuanto a algunos impuestos.

La Ley General Tributaria establece que el domicilio fiscal de una empresa será el mismo que el domicilio social siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios.

El mayor tributo que pagan las empresas es el Impuesto de Sociedades. Este gravamen es estatal, por lo que no influye el lugar de la sede: lo recauda la Agencia Tributaria y se redistribuye entre las comunidades en función del sistema de financiación autonómica.

Pero otros tributos son municipales o autonómicos y se pagan allí donde se localice ese domicilio social. Es el caso, por ejemplo, del impuesto de actividades económicas o el del de transmisiones patrimoniales, que grava operaciones societarias, como ampliaciones o reducciones de capital.

Modificaciones legales para facilitar el cambio de sede

El domicilio social viene establecido en los estatutos de una sociedad, por lo que para cambiarlo deben modificarse esos estatutos. Por este motivo, ese proceso exige la aprobación de la junta de socios o, en caso de las sociedades de capital, de la junta general de accionistas.

Sin embargo, en 2015, el Gobierno modificó la Ley de Sociedades de Capital para facilitar que pudieran trasladar su sede social con rapidez dentro del territorio nacional.

Así, se les permitía trasladar el domicilio social con el acuerdo de su consejo de administración y sin pasar por la junta de accionistas, siempre y cuando sus estatutos no dijesen lo contrario.

Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional.DESCARGAR PDF